"Quiero sexo". "Uno o dos veces. Eso es todo. Usted recibe su tarjeta verde. No tendrá que ver conmigo nunca más". Así le dijo Isaac R. Baichu, 46, un oficial de inmigración de Estados Unidos a una colombiana de 22 años, en un nuevo caso de chantaje sexual en ese servicio norteamericano.

Isaac R. Baichu, 46, juez para la ciudadanía de Estados Unidos e inmigración, fue arrestado después de que él satisficiera sexualmente con un aspirante de la tarjeta verde, en el restaurante del buque insignia(Aquí escribimos el principio de la entrada )
Este es la fschada del restaurante Seguir Leyendo...
El oficial, obviamente, no sabía que la colombiana lo estaba grabando. Ella aceptó de mala gana una futura reunión. Pero cuando intentó salir de su coche, le exigió sexo oral "ahora", bajo la advertencia de lo que podría pasar con su situación en Estados Unidos y de que estaba hablando en serio.

Así lo reveló el periódico The New York Times, al cual la ciudadana colombiana el hizo entrega de la grabación, antes de llevarla a las autoridades de ese país.

"Los 16 minutos de grabación, que la mujer primero entregó al periódico y luego al fiscal de distrito de Queens, sugiere el vasto poder de los funcionarios de bajo nivel de inmigración, y la creciente desesperación de parte de los inmigrantes que están buscando estatus legal. El resultado, que incluye el arresto de un agente de inmigración la última semana, subraya la dificultad y el peligro de elevar quejas, incluso en el raro caso cuando el abuso del poder puede haber sido registrado en una grabación", dice The New York Times.

Nadie sabe cómo el chantaje sexual se ha generalizado, pero el caso se hace eco de otros casos de coacción sexual que han surgido en los últimos años como Atlanta, Miami y Santa Ana, California, plantea el diario.

Así mismo dice que este hecho plantea cuestiones más amplias acerca de la vulnerabilidad del sistema a la corrupción, en un momento en que millones de no ciudadanos viven en una especie jurídica de "tierra de nadie", cada vez más temerosos de buscar la protección de la ley.

El agente fue suspendido y de ser encontrado culpable puede enfrenter hasta ocho años de prisión.

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