por José Javaloyes

Por respeto a las «normas democráticas» –aducidas en la Casa Blanca a propósito de Honduras– el presidente de toda nación en régimen democrático debe respetar la Constitución, y no forzar un referéndum para modificarla y seguir gobernando más allá de los límites constitucionales presentes.

Cabría la idea de un reprobable golpe de Estado como el que ha prevalecido en Honduras, si fuera conforme a criterios y «normas democráticas» incluir entre las prerrogativas presidenciales la facultad de iniciar un proceso constituyente –como ha hecho el depuesto Manuel Zelaya– en desacuerdo con el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo y el ideario de su propio partido.

En sentido contrario, también cabría esa hipótesis si lo actuado por el Ejército hondureño –obediente al Poder Legislativo y al Poder Judicial–, si Manuel Zelaya ha procedido, sin base legal alguna, sólo en razón de sus sobrevenidos compromisos con la internacional castro-populista del venezolano Chávez, de su patrón comunista de Cuba y sus satélites preferentes de La Paz, Quito y Managua. Con lo cual, el golpista habría sido el propio Celaya.

Si todo ese proceder del desalojado presidente hondureño –ya relevado interinamente por el presidente del Parlamento, hasta las próximas elecciones en enero– resulta impecablemente legal e incuestionablemente legítimo, habríamos de convenir que se ha producido un golpe de Estado.

Aunque no militar sino civil, porque castrense ha sido sólo el instrumento utilizado por los otros dos poderes del Estado. No como el caso de Hugo Chávez, cuando en 1992 quiso dar un golpe en Venezuela contra Carlos Andrés.

Pero vistas las cosas tal como son, y no conforme se presenta por la desinformación masiva y la confusión general –que además de la ONU, ha lamido las puertas de la Casa Blanca y las mismas bardas de la Unión Europea, con todos los moratinos aplicados al ejercicio de la confusión endulzada con azúcar cubano– no habríamos de hablar de un golpe de Estado en Honduras, sino de dos.

Y ambos realizados por los componentes civiles del poder político. Uno, el frustrado golpe de Zelaya, contra el límite constitucional a su reelección; y otro, el del poder Legislativo y el Judicial, con el empleo del Ejército.

El primer golpe, el de la extralimitación presidencial de Manuel Zelaya, sin consenso político para incoar un proceso constituyente que habría de beneficiarle, eternizándolo en el poder a la manera de Hugo Chávez y, de tal modo, barriendo todo obstáculo sistémico al planchado social y político de Honduras, conforme al paradigma del comunismo castrista; al que sirve como caballo de Troya la «revolución bolivariana».

No contaba el presidente descabalgado, converso al chavismo, sin otros apoyos internos que los de los grupos de izquierda y parte del sindicalismo hondureño; repudiado por su propio partido, el Liberal, con cuyo programa ganó las elecciones.

A posteriori, Manuel Zelaya se ha encontrado con los apoyos del presidente Obama, que en este asunto (como los de la UE, donde resaltan los énfasis de una Moncloa ajena a lo de Irán; y los de la propia OEA, donde los bolivarianos tienen ya peso crítico) se desliza con los mismos patines cairotas a propósito de Abderramán III y la Inquisición.

El segundo golpe no es militar, insisto, sino civil, reactivo y no reaccionario –para reponer los poderes en sus quicios constitucionales–, porque nada más reaccionario hay a estas alturas que el inspirador totalitarismo de Cuba. Sistema al que sirve la beocia cuartelaria de Chávez, que ya tiene cumplidamente purgado, con la asistencia técnica de los servicios cubanos, al Ejército de Venezuela.

Cambio constitucional
Ese cambio de régimen a que hubiera llevado el cambio constitucional en Honduras, tal como ya sucede en Venezuela, Bolivia y Ecuador, por la leucemia democrática inherente a la desaparición de la alternancia en el poder, habría sido catastrófico para las libertades. Sólo hay que reparar en qué se ha resuelto el paradigma del castrismo para los cubanos. O, desde la «memoria histórica», que fue nuestra experiencia en la II República.

Las izquierdas hispánicas , que exigen las libertades cuando no tienen el poder, se aferran a éste cuando lo han conquistado. Ocurrió al perder las elecciones de 1933. Su respuesta fue la Huelga General y la Revolución de Asturias. Luego el pucherazo, en febrero de 1936, y la caza de los dirigentes de la oposición. Mataron a Calvo Sotelo pero se les escapó Gil Robles. Vinieron tres años de guerra civil y casi 40 sin alternancia.

En fin, el golpeado en Honduras ha sido Chávez.

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